Casi nadie sabía que el 11 de febrero, en el Senado, se iba a votar una enmienda que marcaría un antes y un después en el sector de la automoción en nuestro país. Ese día, la Cámara Alta aprobó una enmienda del PNV y de BNG, con el apoyo del PP y de CiU que, si salía ratificada en el Congreso, significaría poner patas arriba la distribución de coches en nuestro país.
FACONAUTO había logrado “colar” esta enmienda y que pasara desapercibida para todo el mundo, salvo para los partidos que la ratificaron, que comprendieron la necesidad resolver con urgencia los problemas históricos que sufrían las pymes concesionarias en nuestro país ante la inminente cancelación de contratos que han iniciado muchas marcas.
Nada más conocer la “victoria”, el lobby de FACONAUTO iniciaba una carrera contrarreloj para explicar a la mayor cantidad de diputados posible la necesidad de esa enmienda que iba a ser votada dentro de la Ley de Economía Sostenible.
El día 15, mientras FACONAUTO echaba mano de calculadora y contenía la respiración, los fabricantes se mostraban relajados y confiados de que el Congreso “tumbaría” la iniciativa. Sin embargo, pasadas las diez de la noche, caía la bomba: todos los grupos parlamentarios, salvo el del PSOE e IU, daban luz verde a la Disposición Adicional 16 de la Ley de Economía Sostenible que, en su texto final, recogía gran parte de las reivindicaciones de los concesionarios de nuestro país.
LA REACCIÓN DE LOS FABRICANTES
Tras un día digiriendo los acontecimientos, el presidente de Anfac, Francisco Javier García Sanz, se desplazaba el jueves 17 en avión privado a Madrid para comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Rodeado de su plana mayor, escenificaba su enfado arremetiendo con mucha dureza contra PP y CiU, a los que acusó de haberles engañado, y amenazando con que las marcas reconsiderarían sus inversiones en España, así como poniendo en suspenso su participación en el Salón de Barcelona. Tras su intervención, García Sanz no admitió preguntas de los periodistas.